viernes, 20 de febrero de 2015

20 febrero 1763 se aprueba la creación de la Real Academia del Derecho Español y Público

El origen de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación se remonta al año 1730, en que la Junta de Jurisprudencia Práctica empieza a reunirse en Madrid en casa del Abogado de los Reales Consejos don Juan Antonio Torremocha. La corporación se componía de 30 Académicos de Número. En 1739 imprimió sus primeros Estatutos. Celebraba dos reuniones semanales, los lunes y los jueves, y en ellas un Académico leía una disertación que luego era discutida entre todos. Los miembros más destacados de la corporación, en esos años iniciales, eran Nicolás Álvarez Cienfuegos, Tomás Ibáñez, Pedro Joaquín Murcia, Bartolomé Galán y José Moñino, futuro Conde de Floridablanca y Secretario de Estado de Carlos III. A don José Moñino, que fue Presidente de la Academia, se debe la Real Cédula de 20 de febrero de 1763 , en que se reconoce oficialmente a la Academia, bajo el título de Real Academia de Leyes de estos Reynos y de Derecho Público, con la advocación de Santa Bárbara. La Academia funcionaba "por pluralidad de votos" y disfrutaba de gran independencia, convocaba premios e inició la formación de una importante biblioteca, cuyos volúmenes son el núcleo de la actual biblioteca de la Academia.

José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca

A comienzos del siglo XIX, la Guerra de la Independencia y la vuelta del absolutismo trajeron consigo un período de obscurecimiento de la Academia de Jurisprudencia y del movimiento academicista en general. No obstante, la actitud de la Academia de Jurisprudencia de negarse a reconocer como rey a José Bonaparte le valió su restauración, y la asignación de una ayuda económica de 200 ducados para financiar los trabajos de la Academia. Fernando VII la reconoció oficialmente, con la denominación de Academia de la Purísima Concepción. En el año 1820, todos los Académicos, con su presidente don Juan Antonio de Castejón a la cabeza, juraron la Constitución de 1812. El liberalismo de los Académicos les costó sin embargo la intervención por el Gobierno en julio de 1825, lo que rompió con su casi secular tradición de autonomía interna.

Sede de la Academia

En 1826, Fernando VII decidió dividirla en dos corporaciones distintas: la de Carlos III y la de Nuestra Señora del Carmen, más tarde llamada de Fernando VII, totalmente intervenidas desde el poder. 

Fernando VII a caballo


Tras la muerte del rey, la Reina Regente dispuso, en 1836, que ambas se reunieran de nuevo bajo la antigua advocación de Nuestra Señora de la Concepción, cambiando su nombre en 1838 por el de Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación. En esa fecha se inicia uno de los periodos más fecundos de la Academia, que alcanza hasta la revolución de 1868.

Escudo de la Real Academia de Jurispridencia y Legislación

Tras la Restauración de la monarquía, después del sexenio revolucionario, la corporación recobró por concesión de Alfonso XII, en 1882, su antiguo adjetivo de Real Academia, adaptándose en 1932 a la nueva realidad republicana con el cambio de su histórica denominación por la de Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación, y en 1938, recuperó el nombre de Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y estableció provisionalmente su sede en San Sebastián.



Años más tarde, en 1946, la Academia sería reorganizada, quedando compuesta por cuarenta Académicos de Número, al tiempo que se incorporaba al Instituto de España, constituido, además, por las Reales Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, de Medicina, y de Farmacia.

Retrato de Carlos III bajo cuyo mandato se reconoció la Academia de Santa Bárbara, antecedente de la actual

Unos nuevos Estatutos, que reorganizaron la Real Academia de Jurisprudencia, se aprobarían por decreto de 27 de junio de 1947, y su Reglamento sería aprobado por la propia Academia el 10 de diciembre de 1956. Finalmente, el artículo 62 de la Constitución Española de 1978 encomendó al Rey el Alto Patronazgo de las Reales Academias, recogiendo así una función que la Monarquía había venido ejerciendo sin interrupción desde el siglo XVIII, como medio para promover el progreso científico y cultural de España.

Los actuales vigentes Estatutos de esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación fueron aprobados por el Real Decreto 1058/2005, de 8 de septiembre, publicados en el Boletín Oficial del Estado el día 27 del mismo mes.

Acto celebrado en la Real Academia de Jurispridencia y Legislación

En la Real Academia de Jurisprudencia se distinguió desde el primer momento entre diversas clases de Académicos: en el siglo XVIII, se distinguió entre numerarios –llamados así porque no podían superar el número de treinta- y oyentes; en el siglo XIX se diferenciaron tres distintas categorías: numerarios, profesores y corresponsales. En la segunda mitad del siglo XX se suprimió la categoría de profesores, y se distinguió únicamente entre numerarios y correspondientes. Se creó además la categoría de socio colaborador.


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