20 marzo 1865 Emilio Castelar es expedientado por la publicación del artículo "El Rasgo" en el periódico La Democracia

Momentos convulsos para la historia de España sobrevienen en 1865. Tras la publicación de dos artículos muy críticos con la imagen de Isabel II, el 21 y 22 de febrero Emilio Castelar es expedientado, lo que provoca una revuelta estudiantil que detonará en la conocida como Noche de San Daniel.

Emilio Castelar

El 10 de abril de 1865 la Guardia Civil, además de unidades de Infantería y de Caballería del Ejército español, reprimieron de forma sangrienta a los estudiantes de la Universidad Central de Madrid que realizaban una serenata en la Puerta del Sol en apoyo al rector de la misma, Juan Manuel Montalbán. Montalbán había sido depuesto tres días antes por orden del gobierno del Partido Moderado del general Narváez, a raíz de no haber destituido al catedrático Emilio Castelar.

Ramón María Narváez

El 27 de octubre de 1864, el Gobierno de Narváez había emitido una circular en la que se establecía expresamente la prohibición de que en las universidades o fuera de ellas los catedráticos emitieran opiniones por cualquier medio contrarias al Concordato de 1851 o defendieran, entre otras, las posiciones del krausismo.

El destacado dirigente del Partido Demócrata y catedrático de Historia de la Universidad de Madrid Emilio Castelar publicó el 29 de octubre un artículo titulado "Declaración" en el diario La Democracia, del que también era el director, en el que criticaba la circular del Ministerio de Fomento del 27 de octubre –en la que entre otras cosas se recordaba lo que decía la Ley Moyano de 1857 sobre que la enseñanza debía ajustarse a la ortodoxia católica– argumentando que era un ataque a la libertad de investigación y de docencia de los científicos españoles, es decir, era contrario a la libertad de cátedra.

Grabado representando la Noche de San Daniel

En marzo de 1865 circulaban por la universidad madrileña en forma de librillos clandestinos varias obras de contenido krausista que habían sido incluidas en el Índice de libros prohibidos el año anterior. Esta situación dio lugar a las protestas en el seno universitario de los denominados neocatólicos, esto es, los miembros destacados del Partido Moderado más intransigentes a las doctrinas liberales.

Al mismo tiempo, y dada la grave crisis económica de carácter endémico que atravesaba la hacienda pública, el gobierno decidió hacer frente a la misma mediante la enajenación parcial de los bienes del Patrimonio Real, aplicando una parte (el 75 %) como ingresos públicos, y el resto entregándolo a la reina Isabel II. Este proyecto de ley provocó la iras del Partido Democrático y del Partido Progresista. Emilio Castelar, publicó el día 21 de febrero un artículo en La Democracia titulado ¿De quién es el Patrimonio Real? y, al día siguiente, otro artículo titulado El Rasgo. En ambos se mostraba contrario a que una parte del dinero de la enajenación de los bienes fuera a parar a las manos privadas de la reina, considerando que el Patrimonio Real era Patrimonio Nacional.

Puerta del Sol, escenario de la matanza

La decisión de la reina de ceder el 75 % del patrimonio real al patrimonio nacional, para que fuera vendido y así hacer frente al déficit del Estado, y de conservar para sí el 25 %, fue presentada en las Cortes por el presidente del gobierno y líder del Partido Moderado el general Narváez como un gesto «tan grande, tan extraordinario, tan sublime» que fue muy aplaudido por la mayoría de los diputados que calificaron a Isabel II de «émula de Isabel la Católica» y por la prensa dinástica que también se deshizo en elogios. Emilio Castelar, por el contrario, opinaba que no existía tal gesto –"el rasgo" como lo calificó irónicamente– porque lo que había hecho la reina en realidad había sido apropiarse del 25 % de un patrimonio que era «del país... La casa real devuelve al país una propiedad que es del país». Así pues el supuesto "rasgo" era en realidad un «engaño, un desacato a la ley, una amenaza..., y desde todos los puntos de vista, uno de esos amaños de que el partido moderado se vale para para sostenerse en el poder que la voluntad de la nación maldice». Así pues, los artículos de Castelar «vinieron a descubrir el misterio [de la supuesta generosidad de la reina]: Isabel, agobiada por las deudas, se reservaba un 25 por 100 del producto de la venta de unos bienes que, en su mayor parte, no eran de su patrimonio, sino de la nación».

Monumento a Emilio Castelar por Mariano Benlliure

El artículo fue censurado, pero sin embargo fue repartido por Madrid en forma de pasquines y octavillas. A pesar de todo el 3 de marzo se presentó el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Las críticas se acentuaron y, en aplicación de la circular gubernamental de 1864, el Ministro de Fomento, Antonio Alcalá Galiano exigió al rector de la Universidad Central, Juan Manuel Montalbán, el cese inmediato de Emilio Castelar, contra quien el 8 de marzo se dictaba auto de prisión. A la negativa del rector, el ministro publicó en la La Gaceta de Madrid el cese del rector el día 7 de abril, al tiempo que Castelar era desposeído de su Cátedra de Historia.

La reacción del gobierno Narváez fue, pues, de gran virulencia, pues no sólo separó de su cátedra de Historia de la Universidad de Madrid a Emilio Castelar y destituyó al rector de la Universidad, Juan Manuel Montalbán, por negarse a instruir el expediente contra su compañero, sino que el ministro de la Gobernación Luis González Bravo declaró el estado de guerra en previsión de incidentes.

Detalle monumento a Castelar

Con el cese de Montalbán, el mismo día se nombró al neocatólico Diego Miguel y Bahamonde como nuevo rector. Las medidas provocaron una reacción inmediata de solidaridad con Castelar y Montalbán por parte del profesorado y de los alumnos, dimitiendo de sus puestos, entre otros, los catedráticos Nicolás Salmerón y Miguel Morayta. Con anterioridad, el 4 de abril a través del diario La Iberia se había sabido que se iban a tomar medidas represivas y se anunciaba para el día del cese una "serenata" de apoyo de los alumnos al destituido Montalbán.

El ministro de la Gobernación, Luis González Bravo, lejos de contemporizar y ante la posibilidad de que se celebrase la anunciada serenata, además de la proclamación del estado de guerra dictó un decreto que permitía al Gobierno la suspensión de los derechos constitucionales, la deportación interna de personas no afines y la censura de prensa. No obstante, el mismo día 7 se había autorizado la serenata por el gobernador civil de Madrid, José Gutiérrez de la Vega, pero inmediatamente fue prohibida por González Bravo. Por orden de éste la Guardia Civil disolvió a los asistentes y cerró el centro de Madrid los dos días siguientes.

Monumento a Castelar

El 10 de abril, lunes, el nuevo Rector tomaba posesión de su cargo y juraba fidelidad a la reina. Esto provocó protestas entre los estudiantes y movilizó al Partido Progresista en los barrios del exterior de la capital. Por la tarde, estudiantes, obreros y representantes del Partido Demócrata y del Progresista acudieron a la Puerta del Sol desde distintos puntos con la intención de ofrecer una nueva serenata. Al llegar cerca de Sol, el Ministro González Bravo ordenó a la Guardia Civil cargar contra los manifestantes. En la zona se encontraba también una unidad de Infantería y otra de Caballería que habían sido movilizadas en la mañana para la ocasión. En total unos mil hombres armados.

Cuando los guardias civiles a pie y a caballo llegaron a la Puerta del Sol, según relató un testigo, «sin que mediase intimación ni advertencia de ningún género, principiaron con un coraje ciego a hacer uso de las armas y a cazar a la multitud descuidada». Se produjeron diversas cargas, con disparos y bayoneta calada. Los manifestantes se dispersaron por las calles adyacentes y trataron de colocar barricadas sin conseguirlo ante la actuación de la Caballería. Durante las sucesivas oleadas murieron catorce personas y ciento noventa y tres fueron heridas de diversa consideración.

Monumento a Castelar

La mayoría de los muertos y heridos fueron transeúntes que no participaban en la algarada estudiantil, incluyendo ancianos, mujeres y niños. En cambio la guardia civil sólo tuvo un herido, un centinela a caballo que recibió una pedrada -por lo que el ministro de la Gobernación Luis González Bravo faltó a la verdad cuando aseguró ante las Cortes que se había «derramado la sangre de nuestros soldados»-. Los trágicos sucesos se debieron, segúnJosep Fontana, "a un ataque de furor de Narváez y González Bravo, que se consideraban desafiados por los manifestantes e incitaron al brutal ataque".

Esa misma noche en el Senado González Bravo expuso las medidas tomadas contra los manifestantes y se expulsó a la prensa de la sesión, cursándose la orden inmediata de censurar lo que al día siguiente habrían de publicar los periódicos. Varios de ellos salieron en esas jornadas con las portadas en blanco. El día 11 de abril, Narváez había convocado Consejo de Ministros extraordinario en el que Alcalá Galiano y González Bravo se enfrentaron por la dureza de la represión, sufriendo aquél una angina de pecho y muriendo poco después. Al mismo tiempo, varios diarios como Las Novedades, La Iberia, La Democracia, El Pueblo, La Soberanía Nacional y La Naciónpublicaron un editorial conjunto en el que llamaban a la calma de los liberales y progresistas para no entrar al trapo de la provocación gubernamental. Igual ocurriría los días 12, 14 y 19 de abril.

Repercusiones en prensa. Artículo de La Iberia del 11 de abril de 1865

La reacciones políticas se produjeron en los días posteriores en el Senado, pero muy atenuadas debido al temor de ser perseguidos que en ese momento tenían todos aquellos que se opusieran al gobierno Narváez. Salustiano Olózaga, Cánovas del Castillo y Antonio de los Ríos Rosas fueron los más críticos con González Bravo, llegando a retarse en un duelo que terminó sin consecuencias Ríos Rosas y Bravo.

Las consecuencias políticas de la "Noche de San Daniel" acabaron con el gobierno Narváez. Diputados de la Unión Liberal, como Cánovas del Castillo, Posada Herrera y Ríos Rosas también dirigieron sus críticas hacia González Bravo -Ríos Rosas conmocionó al Congreso de Diputados cuando afirmó: «esa sangre pesa sobre vuestras cabezas»-. Esta situación convenció a la reina de que debía destituir a Narváez, aunque aún esperó dos meses hasta que el 21 de junio de 1865 volvió a llamar a O'Donnell. Isabel II no hizo caso a su madre María Cristina, que le aconsejó que llamara a los progresistas para que se integraran en la Monarquía y dejaran de conspirar contra ella, y ello a pesar de que O'Donnell le expresó a la reina su deseo de retirarse de la política y marchar al extranjero.

Personas tan dispares ideológicamente como Salmerón, Castelar, Cánovas u Olózaga, mostraban sin pudor la repulsa por la política gubernamental y, de una u otra manera, anunciaban el fin del reinado de Isabel II, contra quien los estudiantes y el pueblo de Madrid mostraban ya su ira.

El rasgo, de Emilio Castelar

"Los periódicos reaccionarios de todos los matices nos han atronado los oídos en estos últimos días con la expansión de su ruidoso entusiasmo, de sus himnos pindáricos; verdadero "deliriums tremens" de la adulación cortesana. Según ellos, no la casta Berenguela, ni la animosa María de Molina, ni la generosa Sancha, ni la grande Isabel, ni Reina alguna desde Semíramis hasta María Luisa, han tenido inspiración semejante a la inspiración que registrarán  con gloria nuestros anales y escribirán con letras de oro los agradecidos pueblos en bruñidos mármoles.

Vamos a ver con serena imparcialidad qué resta, en último termino, del celebrado rasgo. Resta primero una grande ilegalidad. En los países constitucionales el Rey debe contar por única renta la lista civil, el estipendio que las Cortes le decretan para sostener su dignidad. Impidiendo al Rey tener una existencia aparte, una propiedad, como Rey, aparte de los presupuestos generales del país, se consigue unirlo íntimamente con el pueblo. 

Hace mucho tiempo que se viene encareciendo cuánto podían servir para sacar de apurtos al Erario los bienes patrimoniales de la Corona. Y, sin embargo, nada, absolutamente nada se sacará ahora; nada. La Reina se reserva los tesoros de nuestras artes, los feraces territorios de Aranjuez, el Pardo, la Casa de Campo, la Moncloa, San Lorenzo, el Retiro, San Ildefonso: más de cien leguas cuadradas, donde no podrá dar sus frutos el trabajo libre, donde la amortización extenderá su lepra cancerosa. El Valle de Alcudia, que es la la principal riqueza del Patrimonio, compuesto de ciento veinte millares de tierra, no podrá ser desamortizado a causa de no pertenecer a la Corona, y, según sentencias últimas, pertenece a los herederos de Godoy. En igual caso se encuentra la riquísima finca de la Albufera, traspasada por Carlos IV a Godoy en cambio de unas dehesas de Aranjuez y unos terrenos de Moncloa. Si después de esto se transmite a la Corona el veinticinco por ciento de cuanto haya de venderse, quisiéramos que nos dijesen los periódicos reaccionarios que resta del tan celebrado rasgo, qué resta sino un grande y terrible desencanto.

Los bienes que se reserva el Patrimonio son inmensos: el veinticinco por ciento, desproporcionado; la Comisión que ha de hacer las divisiones y el deslinde de las tierras, tan tarda como las que deslindan de los bienes del Clero; y en último resultado, lo que reste del botín que acapara sin derecho el Patrimonio vendrá a engordar a una docena de traficantes, de usureros, en vez de ceder en beneficio del pueblo. Véase, pues, si tenemos razón; véase si tenemos derechos para protestar contra ese proyecto de Ley, que, desde el punto de vista político, es una engaño; desde el punto de vista legal, un gran desacato a la ley; desde el punto de  vista popular, una amenaza a los intereses del pueblo, y desde todos los puntos de vista uno de esos amaños de que el partido moderado se vale para sostenerse en un Poder que la voluntad de la nación rechaza; que la conciencia de la nación maldice." 

Emilio Castelar, en el periódico La Democracia, de 25 de febrero de 1865.